En las últimas horas salió a la luz una denuncia que estremece al país: en Chamberlain, Tacuarembó, más de 400 ciudadanos chinos estarían trabajando en condiciones de esclavitud moderna dentro de una obra pública financiada por UTE y ejecutada por la empresa estatal china SEMEC, con la presunta complicidad de autoridades y del sindicato SUNCA.
El caso plantea un escenario alarmante donde confluyen explotación laboral, evasión fiscal, corrupción sindical y hasta fraude electoral, según documentos y testimonios aportados por un trabajador que formó parte del proyecto.
Condiciones de vida: hacinamiento y precariedad extrema

De acuerdo con la denuncia, los trabajadores chinos viven hacinados en contenedores, sin baño, sin higiene y con camas improvisadas de tablones de madera.
Su alimentación es mínima, basada casi exclusivamente en arroz, y se les mantiene ocultos en chacras alejadas de los centros poblados, sin posibilidad de salir a la ciudad ni de acceder libremente a servicios de salud.
Cuando ocurre un accidente laboral, los trabajadores no son trasladados a hospitales: se los saca “escondidos en camiones como si fueran mercadería”, lo que evidencia la gravedad de la situación.
Mano de obra esclava en una obra pública
La obra en cuestión corresponde al anillo energético de 500 kW, que conecta Salto, Chamberlain, Paso de los Toros, Melo y Tacuarembó.
Una infraestructura millonaria financiada por el Estado uruguayo a través de UTE y ejecutada por SEMEC.
La denuncia señala que, pese al compromiso de garantizar al menos 80% de mano de obra nacional, hoy sucede lo contrario: 80% son trabajadores chinos y solo un 20% uruguayos, muchos de los cuales serán despedidos a fin de mes.
Incluso 15 oficiales montadores uruguayos, con formación técnica y contratados legalmente, ya tienen fecha de cese para ser reemplazados por mano de obra extranjera más barata e indocumentada.
Complicidad sindical: el rol del SUNCA

Uno de los puntos más polémicos es la acusación contra el sindicato de la construcción, SUNCA.
Según el testimonio, los delegados de base realizan denuncias sobre las irregularidades, pero al llegar a la dirección nacional, estas son “planchadas” o negociadas.
En lugar de defender a los trabajadores, el SUNCA habría validado pagos en negro, acuerdos por fuera de recibos y despidos de uruguayos para dar lugar a chinos.
Esto transforma al sindicato en cómplice de la explotación, priorizando intereses políticos y económicos antes que la defensa de los obreros.
Evasión fiscal y pagos millonarios en negro

Los documentos aportados revelan que SEMEC, con anuencia sindical, habría realizado pagos millonarios por fuera de los recibos de sueldo para evitar cargas sociales y ocultar ingresos.
En algunos casos, se habla de más de un millón y medio de dólares en pagos ocultos, con actas firmadas entre la empresa, el sindicato y delegados de obra.
Se trató de compensaciones, viáticos y desarraigos abonados en negro, constituyendo una estafa al Estado uruguayo y un fraude a la clase trabajadora.
Fraude electoral: entrega de cédulas a trabajadores chinos
La denuncia también apunta a un aspecto aún más delicado: la supuesta entrega de cédulas de identidad a trabajadores chinos para que participen en elecciones nacionales, pese a no ser ciudadanos uruguayos.
Según la fuente, este mecanismo habría sido utilizado previamente en el caso de UPM y podría haber incidido en elecciones pasadas.
De confirmarse, esto configuraría un grave caso de fraude electoral y vulneración de la soberanía nacional.
Responsabilidad del Estado y de UTE

El foco de la denuncia recae sobre UTE, ya que fue el organismo que firmó convenios con la empresa SEMEC y se comprometió públicamente a garantizar la participación de trabajadores uruguayos.
Sin embargo, lo que se observa es lo opuesto: indocumentados chinos con condiciones de esclavitud moderna trabajando en lugar de obreros nacionales.
Además, para financiar la obra se creó un fideicomiso financiero de 800 millones de unidades indexadas, respaldado con fondos públicos.
Se prometió transparencia, pero lo que surge de los documentos es evasión, corrupción y pagos ocultos.
Irregularidades acumuladas: más de 100 expedientes
La fuente asegura que SEMEC acumula más de 100 expedientes abiertos en el Ministerio de Trabajo por irregularidades laborales, condiciones de seguridad y denuncias.
Sin embargo, ninguno habría prosperado, lo que abre interrogantes sobre protección política y falta de controles efectivos.
Esto refuerza la idea de que la empresa opera con inmunidad, tanto por sus vínculos con el gobierno chino como por acuerdos con sectores políticos nacionales.
Un sistema aceitado de explotación
Lejos de tratarse de casos aislados, la denuncia describe un sistema aceitado:
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Se contrata a una empresa extranjera.
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Se trae mano de obra indocumentada y barata.
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Se desplaza a trabajadores locales.
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Se pactan pagos en negro para evadir impuestos.
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Se busca manipular el padrón electoral con documentos ilegales.
Todo bajo la mirada cómplice de quienes deberían controlar: Estado, sindicato y autoridades laborales.
Conclusión
Lo ocurrido en Chamberlain, Tacuarembó es más que una denuncia laboral: es una alerta sobre esclavitud moderna, corrupción sindical, evasión fiscal y manipulación política.
De confirmarse cada uno de estos puntos, no solo se trataría de un escándalo nacional, sino de un caso internacional de violación de derechos humanos dentro de una obra pública financiada con fondos estatales.
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