La insistencia de ciertos sectores gremiales en desmantelar la estructura de capitalización individual en Uruguay no puede leerse como una búsqueda de justicia social, sino como un intento de capturar una caja millonaria para fines políticos. La estatización de AFAPs que se promueve desde la cúpula sindical pretende convertir el ahorro privado y tangible de millones de ciudadanos en una promesa abstracta gestionada por el Estado, un camino que la historia reciente de la región cataloga como un suicidio financiero.
El espejo en el que se mira esta propuesta es la nacionalización de las AFJP en Argentina durante 2008. En aquel entonces, el discurso oficial también apeló a la «protección» y la «solidaridad», pero la aritmética fría de los años siguientes reveló una realidad descarnada: el traspaso de 30.000 millones de dólares al control gubernamental solo sirvió para financiar el déficit público a costa de los futuros pasivos.
Estatización de AFAPs: El espejismo de la seguridad estatal
Cuando el Estado asume el control discrecional de los fondos previsionales, la rentabilidad deja de ser una prioridad técnica para convertirse en una variable política. En el caso argentino, los recursos que debían capitalizarse para los trabajadores terminaron colocados en títulos públicos con tasas de retorno negativas. En términos reales, el gobierno se prestó a sí mismo el dinero de la gente a cambio de papeles que la inflación se encargó de incinerar.
Este modelo de reparto puro, que el PIT-CNT busca reinstalar, elimina el incentivo de la propiedad privada sobre el ahorro. Al desaparecer las cuentas individuales, el trabajador pierde el control sobre su esfuerzo acumulado, dejando su vejez supeditada a la voluntad del gobernante de turno y a la capacidad de recaudación de un BPS que ya enfrenta desequilibrios estructurales. La experiencia demuestra que, en manos del Estado, el fondo de garantía se transforma en una chequera de uso discrecional para cubrir baches fiscales inmediatos.
Consecuencias materiales: Menos inversión y haberes magros
El impacto de un «zarpazo» de estas características no se limita al ámbito previsional; destruye la confianza en el mercado de capitales. En el experimento kirchnerista, la desaparición de los inversores institucionales privados provocó una contracción brutal del financiamiento para el sector productivo. Menos inversión se traduce directamente en menos crecimiento y, por ende, en una base económica más débil para sostener cualquier sistema de pensiones.
Asimismo, la erosión del poder adquisitivo es la consecuencia inevitable del reparto estatal sin reservas. Al no existir una capitalización real, las jubilaciones dependen exclusivamente de la emisión o de impuestos, lo que termina licuando los haberes frente a la suba de precios. Lo que hoy se presenta como un acto de soberanía, no es más que la condena a la ruina fiscal y al empobrecimiento sistemático de los jubilados.
Ignorar el rechazo ciudadano expresado en las urnas y persistir en este modelo de expropiación encubierta es un acto de ceguera ideológica. Uruguay no necesita importar recetas que ya fracasaron y que solo garantizan el despilfarro de los recursos que cada trabajador ahorró con décadas de sacrificio.
