MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado este sábado su rechazo a la «instrumentalización espuria» de las labores de investigación del Ministerio Público en Guatemala, tras la reciente detención del viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, Luis Pacheco, y de otro exlíder de la organización indígena 48 cantones.
«La CIDH advierte que esta investigación se inscribe bajo los patrones de instrumentalización del derecho penal con fines políticos ampliamente documentados (…). En concreto, estos patrones incluyen el uso de tipos penales ambiguos y desproporcionados, la reserva de los casos, la anticipación de diligencias a través de cuentas asociadas a «netcenters», y el abuso de la prisión preventiva, y ponen en evidencia la completa falta de independencia del Ministerio Público y su rol activo para perpetrar la impunidad y la corrupción», ha señalado el organismo en un comunicado.
En esta línea, ha criticado la «criminalización arbitraria de autoridades indígenas» que lideraron «de manera pacífica» las movilizaciones sociales de 2023 y ha defendido que su objetivo fue en todo momento «defender la voluntad soberana de la población expresada en las elecciones presidenciales».
La Comisión ha lamentado asimismo que este «abuso del derecho penal» por parte del Ministerio Público ha traído consigo «la erosión del principio de separación de poderes» en el país, llegando a «un punto crítico» en 2023 debido a su intento de invalidar los resultados de las elecciones y evitar la toma de posesión de las autoridades electas.
«Las movilizaciones pacíficas convocadas por las autoridades ancestrales y comunidades indígenas fueron determinantes para preservar la institucionalidad democrática y asegurar una transición pacífica», ha apostillado la CIDH, subrayando que los derechos de protesta y reunión son «la base» de la democracia y el Estado de derecho.
Así las cosas, la Comisión ha insistido en su petición de «un examen independiente sobre el funcionamiento del Ministerio Público» y sus mecanismos de rendición de cuentas y ha exigido al Congreso guatemalteco que «asegure que este cumple su función constitucional, como contrapeso democrático frente al ejercicio arbitrario de la persecución penal».
«El Estado de Derecho requiere un sistema de pesos y contrapesos entre poderes y es responsabilidad de todas las fuerzas políticas garantizarlo», agrega la nota, recordando además que «todas las instituciones del Estado están obligadas a respetar los derechos de los pueblos indígenas».
Estas declaraciones llegan después de que tanto Naciones Unidas como la Unión Europea expresaran este viernes su «profunda preocupación» por la detención de Pacheco, considerando que se trata de un «uso indebido del derecho penal» para perseguir a líderes indígenas.
El Ministerio Público anunció este 23 de abril la detención de Luis Pacheco, antiguo presidente de la organización indígena 48 cantones, y de Héctor Chaclán, exlíder de la misma entidad, que fueron acusados de «terrorismo» y «asociación ilícita», entre otros cargos.
Las detenciones señalan las manifestaciones que tuvieron lugar en octubre de 2023 tras la victoria del actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, contra la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras, por tratar de impugnar la victoria del partido Movimiento Semilla, que lidera Arévalo.