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Gobierno y oposición negocian cargos en entes estatales tras el inicio del nuevo período. Foto: Inés Guimaraens
La oposición deberá definir cómo negociar los 34 cargos ofrecidos por el gobierno en entes y organismos.
El nuevo Parlamento ya está en funciones y el gobierno electo ha iniciado conversaciones con la oposición para definir el reparto de cargos en empresas públicas y organismos de contralor. En una primera reunión, las futuras autoridades confirmaron que ofrecerán a la oposición los mismos 34 cargos que la anterior administración concedió durante su mandato, incluyendo posiciones clave en diversas entidades estatales.
La oposición ahora deberá decidir el mecanismo para negociar esos cargos, con algunos sectores proponiendo que el ámbito sea el Parlamento, mientras otros prefieren un espacio distinto. Lo que parece claro es que el reparto se hará en función de los votos obtenidos en las elecciones de octubre, un punto en el que todas las fuerzas están de acuerdo.
El gobierno electo, representado por futuros miembros del Ejecutivo, expresó su disposición a enviar las nominaciones para estos cargos lo antes posible, pero también dejó abierta la opción de esperar hasta después de las elecciones departamentales de mayo si la oposición así lo prefiere. Incluso se planteó la posibilidad de enviar las designaciones en un solo paquete o de manera gradual, según lo definan los partidos opositores.
La importancia de que la oposición asuma su rol en estos organismos cuanto antes fue destacada como un factor clave para garantizar el control y el trabajo conjunto con las nuevas autoridades de los entes estatales, especialmente tras los resultados de las últimas elecciones nacionales.
Mientras un sector opositor ya designó a su representante para liderar las negociaciones, otros continúan evaluando cómo encarar este proceso. La coalición opositora deberá definir no solo cuántos cargos corresponden a cada partido, sino también quiénes ocuparán esas posiciones, siguiendo el criterio adoptado en administraciones anteriores que dejó fuera de esta representación a áreas sensibles como la salud y la educación pública.
Este modelo, implementado en el último período de gobierno anterior y mantenido por la administración saliente, se basa en la premisa de que los directores sociales son los encargados de ejercer el control en dichos organismos, una visión que ha sido respetada hasta ahora.
La negociación también incluirá la designación de autoridades en otras instituciones como la Fiscalía General, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de Cuentas, para lo cual se requieren mayorías especiales en el Parlamento. Estos temas, aunque mencionados, aún no han sido abordados en profundidad, pero formarán parte de las discusiones futuras.
Durante la reunión, se destacó la importancia de mantener una representación equilibrada que permita a las minorías participar en el control de la gestión pública, algo que generó debate, especialmente con sectores que manifestaron su rechazo a ocupar cargos bajo este esquema, argumentando que no quieren formar parte de un posible cogobierno.
Actualmente, la oposición ocupa 34 cargos en empresas públicas, entes autónomos y organismos de contralor, incluyendo entidades de energía, telecomunicaciones, transporte, banca y vivienda, entre otras. Este reparto fue acordado al inicio de la administración saliente, utilizando un criterio basado en el porcentaje de votos obtenidos por la oposición en las elecciones previas, un modelo que ahora se mantiene, aunque algunos sectores entienden que, tras los resultados de octubre, podrían corresponderles más cargos.
La distribución de estos puestos se basa en una fórmula que asigna cargos en función del porcentaje de votos alcanzado por cada bloque, un método que ha generado discusiones sobre si la cantidad actual refleja de manera justa el peso electoral de cada sector.
En los próximos días, las negociaciones continuarán, con reuniones que buscarán definir los detalles de este reparto, mientras la oposición se organiza internamente para tomar las decisiones necesarias antes de sentarse nuevamente a la mesa con el gobierno.