Migrantes venezolanos lidian con restricciones que complican su regreso, destacando altos costos y trámites difíciles.
Bryant B. Tucker
Soy corresponsal internacional de Latam Press, reportando los principales acontecimientos de América Latina con enfoque en política y sociedad.
Cientos de venezolanos se encuentran atrapados en un limbo migratorio. No pueden regresar a su país debido a una combinación de obstáculos que van desde el cierre de embajadas en las naciones donde residen hasta las nuevas restricciones impuestas por el gobierno de Caracas. Estas últimas limitan el ingreso al territorio nacional a quienes poseen un pasaporte vencido, una medida que ha generado desconcierto, frustración y más de una odisea para quienes intentan regresar.
A mediados de septiembre, Germary Salas, una joven de 22 años, tenía todo listo para viajar a Venezuela desde Perú. Su objetivo era renovar su pasaporte, vencido desde hace meses, algo que no había podido hacer en Lima porque la Embajada venezolana cerró sus puertas a principios de agosto. Este cierre fue uno de los tantos que ocurrieron en la región después de que el presidente Nicolás Maduro rompiera relaciones con varios gobiernos que no reconocieron los resultados de las elecciones presidenciales que lo dieron como ganador.
Como muchos, Salas buscó alternativas y logró obtener un salvoconducto que le permitió iniciar su viaje. Sin embargo, al hacer escala en Colombia, todo se complicó. Las autoridades migratorias colombianas le negaron la entrada, argumentando que no podía ingresar a Venezuela con su pasaporte vencido. La joven recuerda la situación con desazón: “Me dijeron que no. Una supervisora me pidió el salvoconducto, según lo mandó a Venezuela, y ellos se negaron porque debía ser emitido por una Embajada venezolana. Pero resulta que en Perú no hay”, relató.
Desesperada, Salas encontró una solución alternativa. Viajó hasta Cúcuta, donde un taxista de confianza la ayudó a cruzar la frontera de manera legal. “Crucé en el taxi, de forma normal. De hecho, sellé mi entrada a Venezuela con el pasaporte vencido, pero lo hice por tierra”, contó la joven, quien más tarde tomó un avión hacia Caracas para continuar con el trámite de renovación.
Pero regresar no fue el fin de sus problemas. Una vez en territorio venezolano, el proceso para renovar el pasaporte resultó ser otro desafío. Además del costo elevado, que ronda los 200 dólares dentro del país, las citas son escasas, el sistema suele caerse y las largas filas pueden desanimar a cualquiera. A pesar de estas dificultades, el tiempo de entrega del documento dentro de Venezuela tiende a ser más rápido que fuera de sus fronteras, donde los costos superan los 300 dólares y los tiempos de espera pueden extenderse más de seis meses.
La experiencia de Salas no es un caso aislado. Desde el cierre de las embajadas venezolanas en países como Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay, miles de ciudadanos enfrentan barreras similares. La situación se agravó aún más cuando el gobierno venezolano decidió restringir la entrada de nacionales con pasaportes vencidos, una medida que no ha sido explicada oficialmente. Aunque no hubo un anuncio formal, el Consejo Superior del Turismo (Conseturismo) confirmó la disposición a principios de octubre tras reuniones con la Cancillería y otros organismos gubernamentales. Según Conseturismo, existen algunas excepciones: los venezolanos con doble nacionalidad o con residencia legal en otro país pueden ingresar al territorio con su pasaporte vencido. Para el resto, la única opción es tramitar un salvoconducto a través de la Cancillería, un proceso que no siempre resulta ágil.
La incertidumbre no termina ahí. Además de las restricciones relacionadas con el pasaporte, otra traba afecta a los migrantes venezolanos: la emisión del certificado de antecedentes penales, un documento indispensable para quienes residen en el extranjero y necesitan regularizar su situación. Desde agosto, la página web del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, encargada de emitir este documento, dejó de funcionar debido a un supuesto "mantenimiento preventivo". Esto dejó a muchos sin la posibilidad de solicitar el certificado de forma online.
Julio Linares, un entrenador de gimnasio que vive en España, compartió su frustración con esta situación. Necesitaba el certificado para aplicar a un empleo que ofrecía mejores condiciones, pero el colapso del sistema lo dejó sin opciones. “Unos conocidos me dieron los contactos de gestores, pero los precios eran altísimos, entre 300 y 450 euros. Me decían que incluía la apostilla, pero no podía pagar eso”, relató. Finalmente, recurrió a su madre, quien reside en Caracas, para que realizara el trámite en su nombre de manera presencial. Linares tuvo que enviar un poder notarial y, tras varios días de gestiones, su madre pudo retirar el documento en el Ministerio.
Aunque las autoridades anunciaron que la página web volvió a estar operativa a mediados de octubre, los problemas persisten. Usuarios reportan constantes caídas del sistema, y ahora el trámite está condicionado al terminal del número de cédula de identidad, con cupos limitados por día. Esto complica aún más un proceso ya de por sí engorroso.
Para muchos venezolanos en el extranjero, estas medidas no solo representan un obstáculo burocrático, sino también una violación a sus derechos fundamentales. Laura Louza, directora de la organización Acceso a la Justicia, señaló que estas restricciones contravienen la Constitución venezolana, que garantiza a los ciudadanos el derecho a regresar a su país sin importar el estado de sus documentos. “Es una medida que traslada la responsabilidad del Estado al individuo. Los problemas para obtener un pasaporte no son culpa de los venezolanos, sino del propio gobierno”, expresó.
Louza también subrayó el impacto económico de estas decisiones. Con costos que oscilan entre 200 y 300 dólares por pasaporte, muchos migrantes simplemente no pueden afrontar el gasto. “A esto se suma que hay países donde ya no hay consulados venezolanos, lo que hace aún más difícil para estas personas cumplir con los nuevos requisitos”, agregó, haciendo referencia a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y al menos diez países en la región.
En este complicado panorama, los venezolanos en el exterior enfrentan un laberinto de restricciones, altos costos y procesos burocráticos que complican su retorno al país y vulneran sus derechos más básicos. La combinación de estas medidas y la falta de explicaciones oficiales no solo incrementa las dificultades, sino también el descontento entre quienes, lejos de su tierra natal, ven cada vez más distante la posibilidad de regresar.
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